Mi derecho a toser

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A poco más de cinco años de entrar en vigencia la Ley N° 9.028, conocida como ley antitabaco, aún no me doy por satisfecho con la totalidad de los alcances de la legislación.

¿Prohibir la actividad en áreas al aire libre y no poder contar con zonas divididas de fumado y no fumado?

Me parece terrible.

Pero no hay de otra, me toca cumplir. Ahora bien, ¿respeta la Ley N° 9.028 de forma adecuada la libertad de fumar? Tengo serias dudas.

Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a los principios básicos que fundamentan nuestro Estado de derecho.

Empecemos por el primero: los seres humanos somos libres e iguales. Libertad quiere decir que cada individuo es dueño de pensar y actuar según su propio criterio; igualdad quiere decir que todos tenemos el mismo grado de libertad. ¿De acuerdo? Si es así, prosigamos.

Al convivir con otros seres humanos, el ejercicio ilimitado de nuestra libertad puede impedir el ejercicio de la libertad de los demás. Por tanto, ahí está el segundo principio: sólo en función de la garantía de la libertad de los demás puede ser restringida nuestra libertad.

Para determinar la libertad de unos y otros, así como también para asegurar su ejercicio, se inventaron el derecho (es decir, las leyes que delimitan la libertad de cada uno, iguales para todos, no lo olvidemos) y el Estado (el instrumento que garantiza que el derecho se cumpla). Me refiero, naturalmente, a que se inventó el Estado democrático de derecho.

Sentados estos principios básicos, vayamos a la ley antitabaco, en concreto a la prohibición de fumar en espacios cerrados abiertos al público. Las razones que se suelen aducir para justificar esta prohibición son de tres tipos.

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En primer lugar, algunos consideran justificada la ley porque protege la salud de las personas. Creo que esta no es una buena razón. El derecho a la salud no está fundado en la libertad, sino en la igualdad: se garantiza que mediante un buen sistema sanitario público tendrán igual derecho a la salud los ricos y los pobres, ya que la salud es un bien que protege de forma igualitaria a todos independendientemente de la posición económica de cada uno.

No está prohibido ir en moto, o en automóvil, o escalar montañas o bucear, aunque todas estas actividades tengan riesgos para la salud. Pero como somos libres, decidimos autónomamente asumir estos riesgos. Igual sucede con los fumadores, que también decidimos libremente asumir el riesgo de fumar.

El segundo argumento es de tipo económico: el tabaco deteriora la salud y produce enfermedades, lo cual comporta un enorme gasto para las instituciones sanitarias públicas que están sufragadas por todos, fumadores y no fumadores. Es injusto, se dice, que estos últimos contribuyan a financiar algo que no han causado. Tampoco este parece un argumento válido.

Primero, porque ello se puede argüir de muchos otros gastos públicos (“yo nunca voy a los museos; así pues, tengo derecho a no contribuir a su mantenimiento”).

Segundo, porque al comprar tabaco una parte de su precio va a parar a la hacienda pública al estar gravado con impuestos y, al parecer, aunque es difícil el cálculo, el importe de estos impuestos es superior a los gastos que comportan las enfermedades provocadas por el tabaco.

Y una razón algo macabra: si los fumadores morimos antes, todo esto se lo ahorra el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social.

El tercer argumento a favor de la ley ya parece más plausible: su finalidad es proteger a los fumadores pasivos, aquellos que no fuman pero aspiran humo contaminado de tabaco. Se trataría, así, de un límite a nuestra libertad para respetar los derechos del otro.

Sin embargo, no hay pruebas concluyentes sobre el alcance del daño que produce el humo del tabaco disuelto en el aire. Parece que para provocar un efecto comparable al que puede sufrir un fumador activo, el pasivo debería vivir muchos años durante todo el día en una atmósfera extraordinariamente viciada, lo cual no justifica las medidas prohibicionistas que adopta la ley.

Pero acojamos este argumento aunque sea inseguro y partamos de la dudosa premisa según la cual nadie está obligado a aspirar humo de tabaco.

Podría ser aceptable, entonces, que en los establecimientos públicos se prohibiera fumar porque así lo ha decidido su dueño, sea el Estado o la Municipalidad. Quizás también ello sería aplicable en los centros de trabajo privados a los efectos de proteger a los clientes no fumadores.

Ahora bien, una prohibición general en los establecimientos privados de ocio, bares y restaurantes, contra la voluntad de su dueño, no parece tener justificación, ni siquiera como protección del trabajador, ya que nadie tiene derecho a trabajar en un establecimiento determinado y mucho menos el derecho a entrar en cualquier bar o restaurante.

Por tanto, mi objeción a la ley se funda en el principio de libertad, base de nuestros estados democráticos. Considero contrario a esta libertad que la prohibición sea general, porque me parece una medida arbitraria (sin fundamento lógico) y desproporcionada (inadecuada para los fines que se pretenden). No entiendo que esté prohibido fumar en todos los bares y restaurantes dado que existe el derecho a fumar.

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